¿Usted renunciaría?

Supóngase que es Usted una persona que cumple unas importantísimas funciones en el Estado, por ostentar un alto cargo y considera que, por cuenta de unos malquerientes, se han ventilado informaciones falsas, deshonrosas y calumniosas sobre su proceder. ¿Usted renunciaría a su cargo?

Supóngase que esta serie de injusticias sistemáticas que se ciernen sobre su cabeza, no son coherentes con su carrera pública y, en tal sentido, su derecho al buen nombre y su prestigio se verían seriamente comprometidos si sus malquerientes consiguen su cabeza. ¿Usted renunciaría a su cargo?

Supóngase finalmente que esas falsas informaciones que todo el mundo tiene por verdaderas riñen abiertamente con las funciones y con los derechos que Usted ha jurado garantizar ¿Usted renunciaría a su cargo?

Este es seguramente el dilema que deberán atravesar varias personas cuyas carreras se han visto empañadas con denuncias sobre corrupción o sobre conductas impropias producto del abuso de su posición privilegiada.

Una alta dignidad del Estado no sólo representaría un honor para quien la ejerce. Representa, sobre cualquier cosa, una altísima responsabilidad de quien la ostenta. Esa altísima responsabilidad que se ha jurado cumplir a los ciudadanos, a veces puede resultar incompatible con los derechos al buen nombre y a la defensa que personalmente le corresponden.

Por eso, aun cuando dentro de sus más íntimas convicciones sean absurdas y falsas las informaciones que se hacen, es preciso actuar no a título personal, sino en virtud de la investidura que se ostenta.

En este país, en donde el servicio público corresponde la mayoría de veces, más bien a un sistema bien organizado de privilegios personales, la renuncia a un cargo público no es una opción y los derechos personales se usan como escudo en contra los ataques fundados o infundados.

Antes de aceptarse o de postularse para un alto cargo público, una persona debería reconocer que se está asumiendo un riesgo considerable de ceder parte de sus derechos personales.

La virtud cívica al aceptar un cargo público, se entendería materializada cuando un ciudadano que acepta servir a los demás, está dispuesto a dejar sus privilegios y sus honores, cuando quiera que se advierta mancha que opaque su cualidad moral para ejercerlo.

Entiendo, sin embargo, que existe una delgada frontera entre la virtud ciudadana de mantener incólumes las instituciones ante ataques personales, y la templanza para mantenerlas en pie ante ataques propios de su investidura.

Si Usted acepta un alto honor en el Estado debe entenderse que éste sólo tiene como fin el servicio a sus conciudadanos, y aun cuando producto de una situación injusta, se pierda la facultad de servir a sus conciudadanos, Usted sólo se queda con el alto honor (privilegio). Esto resulta, a todas luces, contrario a la lógica. Luego Usted, entonces, debería renunciar y utilizar el ámbito personal, para defender sus derechos personales.

Creo que el magistrado Pretelt debió haber renunciado hace mucho tiempo a la Corte Constitucional y el Defensor del Pueblo debería hacerlo pronto.

Popayán, 27 de enero de 2016