La eficiencia económica de la paz

Muy controversial resultó una propuesta para que guerrilleros desmovilizados tuvieran una suerte de pensión en un eventual posconflicto.

Un rechazo natural se evidenció en gran parte de la ciudadanía, con toda razón. Es contrario a cualquier sentido de justicia que quienes han hecho parte de las guerrillas tengan un privilegio de una pensión o un estipendio, mientras que ese derecho no lo alcanzan a percibir miles de compatriotas que han trabajado gran parte de su vida en la legalidad.

Sin embargo, hay pocas salidas, creo yo. La primera sería continuar con la guerra antiguerrillera, hasta que no quede ni un solo reducto con combatientes ilegales. Esto implicaría, al menos, mantener por algunos años más (quizá unos 15 o 20, u otros 50 años) el presupuesto para la Defensa que tiene aproximadamente 28 billones y medio, para el 2016. Esto es más o menos el 14.3% del total del presupuesto de la Nación.

Si suponemos que tan sólo uno de cada diez pesos de ese presupuesto corresponde al combate anti subversivo y si consideráramos, además, como se ha estimado que los armados en las FARC son aproximadamente unos 6700 elementos, más unos 9000 en sus redes de apoyo y que en total completamos unos 20 mil junto con los del ELN, podríamos decir que hoy deberíamos destinar un poco más de 143 millones de pesos al año por cada guerrillero.

La segunda opción. La rendición incondicional de todos los guerrilleros. Suponiendo que pudiéramos indultar a algunos y llevar a otros purgar largas condenas (de unos 20 o 40 años) en las cárceles. Deberíamos estimar que el presupuesto del INPEC para este año está alrededor de 1.7 billones pesos, para atender una población estimada en 2015 en 116.760 internos, pero con casi 39 mil por encima de su capacidad. Es decir, aproximadamente deberíamos destinar $20 millones de pesos al año por cada guerrillero encarcelado. Muchísimo mejor que la primera opción. Sin embargo, poco realista.

La tercera opción sería la que actualmente se explora. Una salida negociada y que algunos no vayan a cárceles y que incluso otros tengan un estipendio mensual de, digamos, un salario mínimo, que les garantice una progresiva vinculación a la vida civil, por unos 10 o 15 años. Eso sería un poco más 8 millones de pesos al año por cada guerrillero. Pero en verdad que sería injusto con quienes no han podido ni podrán acceder a una pensión.

En economía se estudian algunas teorías sobre distribución óptima de los beneficios o de comparación de situaciones. Los más usados, quizá, son el óptimo de Pareto y el óptimo de Kaldor-Hicks. En el primero, se considera que una distribución es óptima o eficiente si se puede mejorar la situación de al menos una persona, sin que nadie empeore.

En la práctica, resultaría muy poco aplicable. Si, por ejemplo, escogiéramos pagar un estipendio mensual a los guerrilleros desmovilizados, porque es la opción más barata, tendríamos unas personas que estarían, producto de un resultado injusto, en una situación peor.

En la segunda opción, la situación óptima se llega si quien se beneficia puede compensar a quien pierde. Creo que aplicado a lo que analizamos, una eficiente utilización del recurso público, correspondería a pagar el estipendio los desmovilizados, pero además, producto de la reducción de la décima parte del presupuesto de defensa, alcanza para compensar a una buena cantidad de ciudadanos, para que puedan gozar de una pensión, de un estipendio, o un beneficio periódico.

Popayán, 30 de marzo de 2016