Con este titular varios medios de comunicación
transcribieron un boletín de prensa del Partido Conservador en el que se
informaba sobre la aprobación en último debate de una ley que obligaría a los
bancos a pagar intereses a sus ahorradores.
Aunque la expectativa que generan anuncios como
estos puede ser grande, lo cierto es que esto no pasa de ser un titular para la
exposición mediática de un senador, porque sería una ley absolutamente
ineficaz.
Como será de ineficaz que ni siquiera
Asobancaria se opuso a su aprobación, y más bien coadyuvó en el análisis y en
la redacción final del proyecto de ley.
Otorgar o no unos modestísimos intereses a los
ahorradores no significa para nada un gran cambio o una verdadera reforma que
se necesita al negocio de la financiación, ni tampoco es una noticia.
La noticia sería una modificación al sistema
financiero y, sobre todo, al sistema monetario. El servicio de intermediación
financiera ha sido considerado de interés público en nuestra Constitución y la
propia Corte Constitucional en sentencia C 640 de 2010 consideró que: “La
actividad financiera, bursátil y aseguradora es… está fundada en un pacto
intangible de confianza.”
De hecho, el sistema de financiación es la
única industria cuyos activos son en realidad el riesgo de toda la sociedad.
Según información de la Superfinanciera, para enero
de 2016, de los activos de los establecimientos de crédito en el sistema
financiero de Colombia, un poco más del 86% corresponden a cartera y a inversiones
en derivados.
En un sistema libre de mercado, deberíamos
poder manifestar si estamos de acuerdo o no con que nuestros recursos
depositados en los bancos pueden ser susceptibles de ser invertidos a cambio de
la participación en las utilidades de esas inversiones. Si por el contrario, no
estamos interesados en invertir, entonces deberíamos pagar las comisiones por
administración y manejo de nuestras cuentas. Pero aquí, ni una cosa ni la otra.
Los recursos que tenemos, que pagamos, que
aportamos, que estamos obligados a llevar al sistema financiero son utilizados
sin nuestro consentimiento en inversiones que sólo benefician a las entidades
de ese sistema.
Si el riesgo de que ese 86% de los activos
representados en inversiones sólo fuera de las entidades del sistema, pues no
habría ningún problema, pero lo cierto es que el riesgo también es de todos
nosotros.
Popayán, 18 de mayo de 2016
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