LA EDUCACIÓN RELIGIOSA

Un estudio publicado recientemente en la revista Current Biology y referenciada por varios medios de comunicación, da cuenta que los niños formados en entornos familiares con educación religiosa fuerte son menos generosos y altruistas y son más proclives a ejercer juicios más fuertes sobre los comportamientos de las demás personas.

Pues eso precisamente es lo que ocurre también en entornos sociales fuertemente religiosos y en Estados teocráticos. La tragedia que padeció París la semana pasada producto de unos ataques terroristas de miembros de ISIS refleja la intolerancia y la sinrazón de algunas decisiones orientadas, casi que con exclusividad, por fines religiosos.

Sin embargo esas expresiones de egoísmo y etnocentrismo no son patrimonio exclusivo de las sociedades del medio oriente.

Es muy fácil advertir en nuestra propia sociedad que las personas que participan de doctrinas religiosas poco flexibles tienen una orientación mucho más fuerte a demandar del Estado castigos más fuertes para los delitos y, en el caso colombiano por ejemplo, lideran la oposición al proceso de paz.

No desconozco la profunda necesidad del individuo por unas bases religiosas, o por vivir una espiritualidad regentada por aquello que durante muchos años se ha posado en nuestra cultura. No desconozco tampoco que la religión es tan parte de nuestra cultura que nos identifica y nos une y que puede ser tan necesaria para la construcción de sociedades. No obstante, considero que  uno de los grandes logros que trajo la modernidad fue la separación entre iglesia y Estado.

Y creo que es necesario que esa separación se haga más y más grande y que la religión conduzca y oriente las decisiones espirituales de los individuos, pero no las decisiones sociales de los Estados, ni de las familias.

Una familia responsable con la crianza de los niños debería, considero yo, establecer la diferencia desde la más temprana infancia, entre el mito y el logos: entre la pasión y la razón y permitir que la teología, como ciencia social, limite su campo de análisis y de estudio, de tal suerte que no los supere y se introduzca en conclusiones que serían de las ciencias naturales o de otras ciencias sociales como la sociología, por ejemplo.

Las festividades cristianas de diciembre nacieron desde el imperio Romano, precisamente de la necesidad unir sociológicamente las celebraciones tradicionales (paganas) del fin del periodo de menos luz solar, con aquéllas de carácter religioso, relacionadas con  el nacimiento de Jesús Cristo.

Este es un ejemplo que la secularidad y la religiosidad pueden convivir, cuando cada una mantiene su esencia.

Adopción igualitaria

La Corte Constitucional, en Sentencia C 683 de 2015, declaró que dentro del ámbito de aplicación de las normas relativas a la adopción de menores de edad, se debe entender que están comprendidas las parejas del mismo sexo que conforman una familia. Con ello se abrió legalmente el paso a que la orientación sexual de las personas no sea un impedimento para este trámite.

Una de las razones por las cuales la Corte Constitucional tomó esta decisión, es que no existe evidencia científica definitiva, que permita determinar con certeza que la adopción por parte de personas del mismo sexo genera afectación al desarrollo integral de los niños.

Esta decisión ha causado un sinnúmero de reacciones, como era de esperarse. Entre ellas algunos congresistas que sienten que su función de representantes de la sociedad fue suplantada por la Corte Constitucional y que, por otro lado, sostienen que las formas en que la sociedad acepta la configuración de las familias debe ser objeto de una decisión directa del pueblo, a través de un referendo.

No creo que ni el Estado, ni la sociedad deban interferir en la forma en que las personas decidan conformar una familia. Esto obedece a una decisión exclusiva de los individuos y a los Estados les corresponde proteger esas decisiones.

Tampoco puede ser objeto de una decisión popular aquello que corresponde a enteramente a conclusiones a partir de investigaciones de carácter científico. Es decir, no podría preguntarse al pueblo si considera que es dañino o es inocuo para un niño ser adoptado por padres con preferencias sexuales hacia su mismo género, así como no podría preguntarse a las personas si están de acuerdo con que la energía sea igual a la masa por la velocidad al cuadrado.

Un día en que estaba esperando los resultados de unos análisis de laboratorio, oí a muchas personas hablar entre ellas, como en un solo ruido ininteligible. Hasta que una persona que estaba por ahí, empezó a hablar por celular en una lengua indígena. Y toda esa barahúnda empezó a callarse, para dirigir su atención a esa persona tan diferente.

Soy consciente de que probablemente nuestra sociedad aún no está preparada para la diferencia y que toda nuestra actividad diaria puede verse afectada cuando interviene una persona diferente; o una familia conformada de formas diferentes a las tradicionales. Sin embargo, ahí está nuestro reto como sociedad y como Estado: educar a nuestros hijos y pedir al Estado que promueva la educación en formas igualitarias.

Por eso es necesario enaltecer a todas esas personas que hoy rompen nuestros prejuicios y que pese a hablar en lenguas diferentes, o amar en formas diferentes, o a conformar responsablemente una familia diferente a las de la mayoría, lo hacen de forma abierta, sincera, y con compromiso y nos conducen, poco a poco, a una mejor sociedad. Gracias a todas ellas, nuevamente.

¡MANTENER LA DEMORACIA, MAESTRO!

Esa es quizá una de las frases más populares y más mediatizadas que se produjeron durante la retoma del Palacio de Justicia hace 30 años, el 6 de noviembre de 1985. La pronunció el Coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, a la sazón, Comandante de la Escuela de Caballería, cuando un periodista le preguntó cuáles eran las órdenes.

Para mantener la democracia en esa ocasión, fue menester disparar en contra del Edificio del Palacio de Justicia con cañones de tanques de guerra; disparar hacia todos los flancos y sin discriminar enemigos de protegidos y terminar destruyendo las vidas de insignes hombres, y con la desaparición de algunas personas.

Para mantener la democracia  fue menester, igualmente, realizar ejecuciones extrajudiciales y ocultar sus cadáveres. Para mantener la democracia hubo de ser necesario mantener un absoluto silencio sobre los procederes y las órdenes de los comandantes del ejército. Asimismo, fue necesario censurar la prensa y transmitir en vivo un partido de fútbol Nacional Vs. América de Cali, en el entretanto se desarrollaron todas las operaciones.

Para mantener la democracia fue necesario borrarla de un sablazo. Algunas pruebas reveladas durante todos estos años de investigaciones, conducen a determinar que Belisario Betancourt, Presidente de la República para entonces, no fue atendido como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares.

Me pregunto si la democracia es un valor absoluto y un fin en sí mismo. Yo me niego a considerarlo así. Yo creo que la democracia sólo es un medio -uno de los más importantes- con el que se garantizan las libertades individuales, se respeta la vida y se brindan las posibilidades para desarrollar un proyecto de vida.

Estoy lejos, muy lejos de orientar juicios sobre responsabilidades individuales, pese a que existen sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema de Justicia en contra del Jesús Armando Arias Cabrales y de Alfonso Plazas Vega. No obstante, existen evidencias serias; serísimas de actuaciones irregulares y graves durante la retoma del palacio y en eso tiene responsabilidad todo el establecimiento.

La democracia es un valor que se construye difícilmente. Construir la democracia implica años y años de educación en el pluralismo, en el respeto de las ideas ajenas; de investigaciones y aportes desde las ciencias sociales, de instituciones económicas fuertes, de reducción en la desigualdad de los ingresos…

La democracia se destruye fácilmente. Se destruye cuando se desvía el poder de las autoridades democráticamente constituidas. La misma democracia orienta el proceder de las autoridades para limitar las libertades individuales: el del juez para privar de la libertad a alguien, o para obligarlo a pagar sus cuentas; del soldado para neutralizar o dar de baja en combate; de los políticos, para modificar las normas y para ejercer su autoridad.

Una imagen que hace años alguien compartió en redes sociales, me parece que representa exactamente lo que ocurrió hace 30 años: una casa con los floreros rotos, las ventanas quebradas, los muebles destruidos, y al pie de un periódico doblado, yacía muerta una mosca. La imagen estaba acompañada del texto: Manteniendo la democracia, maestro.

La amarga caña de azúcar

A las ya conocidas sanciones al sector azucarero por prácticas que pretendían obstaculizar la competencia, debemos recordar además otros costos de esa industria que han sido transferidos a la sociedad, en general.

En 2007 se publicó un estudio realizado en la Universidad de los Andes, que se llamó “La caña de azúcar: ¿una amarga externalidad?”. Este estudio fue realizado por Eleonora Dávalos Álvarez y resultó concluyente respecto de una relación positiva entre los aumentos de quemas en las plantaciones de caña de azúcar y un incremento del material particulado inferior a 10 micras y de estos dos factores con un aumento en las consultas por Enfermedades Respiratorias Agudas en el municipio de Palmira.

Aunque en reiteradas oportunidades Asocaña ha publicado otros análisis que desdicen ese estudio y otros similares, lo cierto es que no conozco alguno que haya sido publicado por centros de investigación académica, que permita confiar plenamente en los mismos.

Pero más allá de resolver sobre si la pavesa que resulta de la quema en las plantaciones de caña es dañina para la salud de las personas asentadas en la cuenca del valle del rio Cauca, me llama poderosamente la atención la acción del Gobierno Nacional,  para favorecer esa práctica.

En 1995 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 948, que en su artículo 30 ordenaba tomar medidas para la reducción de las quemas a cielo abierto, hasta su total eliminación antes del año 2005.

El 20 de diciembre de 2004, 10 días antes de que empezara el 2005, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 4296 mediante el cual modificó el artículo 30 del Decreto 948 y ordenó que, en lugar de la eliminación de la práctica de quemas a cielo abierto, se expidiera la reglamentación para que se pudieran efectuar dichas quemas a partir del 1 de enero de 2005.

Las externalidades, son aquellos costos que no se introducen en el esquema que tienen las empresas para determinar los precios de sus productos. La contaminación es el ejemplo por antonomasia de las externalidades. Cuando una empresa contamina, por ejemplo el aire, trasmite parte de sus costos a las demás personas.

Quienes han padecido las consecuencias de las quemas a cielo abierto conocen de sobra todas las afectaciones, no sólo a la salud, que produce la pavesa que emite ese proceso de quemado. Ese costo lo asume toda una comunidad, pero los beneficios económicos que ello produce se concentran exclusivamente en los propietarios de las plantaciones.

LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA ES UN DERECHO DE TODOS

En el año 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio, dirigida por Emilio José Archila objetó la fusión que se pretendía hacer y que, luego efectivamente se hizo, entre las aerolíneas Avianca, Sam y Aces. El entonces Superintendente consideraba que esa fusión desembocaría en una concentración del 70% de la totalidad del mercado doméstico de vuelos en una sola compañía y ello, naturalmente representaría una reducción de la competencia.

La competencia es un elemento sustancial en un modelo económico de mercado (o social de mercado, como lo ha considerado la Corte Constitucional en varias de sus sentencias), que es el que tenemos en Colombia.

En una economía social de mercado, quienes ofrecen bienes y servicios son aceptantes de los precios que son determinados exclusivamente por las relaciones de mercado. Por ello, la fijación de los precios por monopolios, oligopolios, monopsonios u oligopsonios debe ser rechazada, vedada, prohibida por un Estado que se pretenda serio en materia económica.

En Estados Unidos y Europa, no son pocos los ejemplos de drásticas sanciones a las pretensiones de cartelización de mercados, fijando precios e impidiendo la entrada de nuevos competidores a los mercados. Hasta la misma empresa que creó el software con la que escribo esta columna fue sancionada en Estados Unidos, porque su sistema operativo establecía ciertos protocolos que impedían que otras empresas que creaban Software se implementaran cabalmente en su Sistema Operativo Windows.

En conclusión, la libre competencia es un elemento sustancial en una economía liberal, de mercado (capitalista, dirían algunos), por ello es un deber y, además un servicio público del Estado, sancionar y prevenir conductas que atenten contra la competencia económica.

La Superintendencia acabó de imponer una multimillonaria sanción en contra de varias empresas de la industria azucarera y de sus principales agremiaciones. Esta sanción es histórica: jamás se había impuesto una sanción de tal magnitud. Por ello, algunos celebrados abogados han tenido en considerarla una sanción confiscatoria. Sin embargo, lo cierto es que el propósito que debe rondar una sanción de esta naturaleza es precisamente eliminar este tipo de prácticas.

En una oportunidad un amigo me contaba indignado que en su conjunto de apartamentos vivía una persona de singular riqueza y de modales muy vistosos; que hacía unas fiestas muy ruidosas constantemente. Ante las irrisorias y múltiples multas que le imponía la administración de la copropiedad, este personaje respondía pagándolas una y otra vez, sin que ello afectara su pródiga vida social y sus ruidosas celebraciones.

Evitar este tipo de comportamientos es precisamente lo que pretende una sanción ejemplarizante: que los beneficios obtenidos por las prácticas desestabilizadoras de la competencia sean infinitamente superiores a las sanciones, de tal suerte que continúe siendo un buen negocio seguir defraudando al mercado.

Para terminar, debe recordarse que la oposición del Superintendente Archila a la fusión de las aerolíneas trajo consigo la renuncia de ese ejemplar funcionario, ante la falta de apoyo por parte del gobierno nacional que finalmente decidió, con argucias jurídicas, conceder licencia a la mentada fusión y así retrasar la competencia en el sector aéreo que tan grandes ventajas trae consigo, para el abaratamiento de pasajes aéreos y mejoramiento del servicio.