Islandia es un país quizá un poco más grande que Popayán, si
lo comparamos desde su población. No obstante, ha sido una de las economías más
grandes del planeta y, como todas ellas, se vio afectada por la crisis mundial
del 2008, detonada por la quiebra de Lehman Brothers.
Islandia enfrentó la crisis de manera bastante diferente a
como ordenaba la ortodoxia del Banco
Central Europeo y aunque sus medidas enfrentaron no pocos rechazos y significaron
sacrificios al interior de ese país durante los años 2009 y 2010, los
resultados de sus políticas monetarias y fiscales parecen no sólo ser
verdaderas soluciones, sino radicales.
Contrario a lo que se hizo en el resto del mundo, el gobierno
de Islandia sometió a plebiscito la propuesta de no rescatar con dinero
público, los bancos privados. La propuesta fue acogida por el pueblo y se actuó
de conformidad, a despecho y enfado de los grandes bancos privados alemanes y
suizos que contemplaban dicha solución, como contraria a los intereses de sus
accionistas.
La medida resultó compatible con el Estado Social y sus
garantías a los individuos. El dinero presupuestado para gasto público en
educación y seguridad social no se utilizó para cubrir las pérdidas de los
bancos. Éstas, debían ser asumidas por los propios accionistas, como correspondería
a cualquier otra industria y algunos banqueros tuvieron que responder
penalmente.
La revolución financiera no para ahí. La medida más
significativa; la más revolucionaria; la que personalmente considero de mayor
importancia, no sólo para los islandeses, sino para el resto del mundo, parece
que está por venir.
La semana pasada el Partido Progresista que gobierna Islandia
presentó al Parlamento un proyecto para terminar con la facultad que tienen los
bancos privados de crear dinero y que esa facultad sea exclusiva del Banco
Central.
Y aunque parezca poco creíble, eso es lo que sucede y ha
sucedido en los últimos casi 70 años: la banca privada crea la mayor parte del
dinero que utilizamos para nuestros intercambios. El Banco Central sólo es
responsable de la emisión primaria de moneda, que representa menos del 10% de
lo que utilizamos.
Tener una moneda soberana y pública podría crear verdaderos
incentivos de generación de riqueza y limitaría la concentración de la misma;
asimismo podría aumentar la competencia en el sector financiero.
De ser acogida por el parlamento de Islandia la revolucionaria
propuesta de su gobierno, el control de la producción de dinero pasaría a ser
enteramente estatal, mientras que los bancos privados, serían unos verdaderos
intermediarios entre el ahorro y el crédito; entre el superávit y el déficit de
liquidez.
Esta propuesta marca, sin duda, el primer paso hacia un
cambio de magnitudes históricas del que es necesario que todos seamos conscientes,
porque debemos exigir a nuestros representantes en el legislativo un análisis
de fondo de nuestro sistema monetario.
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