En el debate presidencial del domingo pasado, a propósito de un “cara a cara” entre Juan Manuel Santos y Antanas Mockus, se presentó un tema que me ha llamado mucho la atención y lejos de los planteamientos realizados por cada uno de los candidatos en defensa del principio que guiará su plan de gobierno, pretendo sacar mis propias conclusiones.
Indudablemente, los términos de prosperidad democrática y legalidad democrática devienen directamente de lo que ambos candidatos consideran una segunda etapa o estadio de la tan mentada seguridad democrática en que se han basado los planes de desarrollo de los dos gobiernos del presidente Uribe.
He discrepado en muchos puntos con la seguridad democrática pero, principalmente no he creído que esa seguridad, sea precisamente democrática; es decir, si lo que se pretendió fue asegurarse de que en todos los niveles sociales (si pudiera llamarse así los estamentos de nuestra sociedad) llegaran los beneficios de una seguridad que estaba viéndose afectada por varios actores armados. Delincuentes todos ellos.
Sin duda, quienes hemos tenido la oportunidad de viajar en el carro por las principales vías de Colombia, no podemos desconocer la presencia efectiva de la Fuerza Pública y la consecuente y paulatina diminución de las llamadas pescas milagrosas, retenes ilegales, quemas de camiones, buses, etc., perpetrados particularmente por la guerrilla. Y como el ejemplo anterior, muchos otros de verdadera seguridad.
Pero como la realidad no es solamente la que ven nuestros ojos, debemos decir que también son reales las personas en situación de desplazamiento. En número, estas personas lejos de disminuir han aumentado en estos casi ocho años de seguridad. Las bandas criminales azotan con furia los asentamientos urbanos que podríamos llamar sub normales y el narcotráfico se ensaña no con los propietarios de las empresas y con quienes, a veces viajamos por las principales carreteras, sino con las mismas familias de los miembros de sus mismos ejércitos privados.
En conclusión, creo que la seguridad que este gobierno ha provocado, está lejos de ser democrática y es más parecida a una seguridad aristocrática o, mejor, a una seguridad plutocrática.
Volvamos entonces a la discusión principal a partir del siguiente silogismo: si la prosperidad democrática y la legalidad democrática son dos estadios o etapas posteriores de la seguridad democrática y si no ha existido la tal seguridad democrática, sino una seguridad plutocrática entonces, ni la prosperidad ni la legalidad, podrían denominarse democráticas.
Concluimos que lo que verdaderamente podrían proponer los candidatos son: Prosperidad plutocrática y legalidad plutocrática. La prosperidad plutocrática a mí me deja mis evidentes sospechas y no precisamente porque crea que los ricos no deban ser más ricos, pues para eso es la riqueza. Es decir, a mí no me importa si los ricos son cada vez más ricos si esa riqueza genera progreso en los otros niveles –no ricos-.
Lo que sí es preocupante es que los pobres sean cada vez más pobres, es decir, no hay transferencia de riqueza ni progreso a los demás, esa mayor riqueza no está generando mayores impuestos como evidentemente está sucediendo y quienes tributan son cada vez más lo que menos tienen. Se puede afirmar válidamente que esa riqueza está siendo sólo aprovechada por una capa social.
Ahora, una legalidad plutocrática implicaría poner bajo la ley a quienes, generalmente han estado por fuera de ella. Siempre se ha dicho que la ley es para los de ruana y la evidencia muestra que ese aforismo, se ha convertido en un argumento cierto. Pero no lo es porque el Estado y los políticos sean malos y ladrones, sino porque el poder siempre va a tender a apropiarse de más poder y el poder económico querrá apoderarse del poder político.
El poder político representado por el Estado tiene el deber de asegurar un equilibrio económico mediante su intervención en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El poder económico tendrá siempre la vocación de apoderarse de ese poder político para lograr mayores rendimientos que se alcanzan con varios mecanismos, entre otros: regulando a su favor la legislación laboral, la legislación tributaria, la regulación económica que le permita alcanzar más con menos, incluso con menos responsabilidad.
Para mí, si debo escoger entre los dos, escojo la legalidad plutocrática, porque considero que es necesario para que la riqueza de los ricos genere transformación, progreso, investigación, educación, inversión y más riqueza, es necesario que el poder político, es decir el poder del Estado, no sea capturado por el poder económico o mejor, que el poder político se libre ya de esa captura a la que ha estado sometida.
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