El pasado viernes 11 de octubre de 2019, el presidente Ivan Duque, anunció al país la presentación de un proyecto de ley con mensaje de urgencia, mediante el cual se prorroga la Ley 1448 de 2011 o ley de reparación a las víctimas del conflicto armado interno. Esta decisión que pareciese un simple trámite, incorpora una profunda contradicción con las tesis del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para explicarlo, hay que remitirse a 2007.
En aquel año, mientras la "aplanadora" del gobierno del segundo periodo presidencial presentaba los proyectos de ley que a la postre se convertiría en Agro Ingreso Seguro, entre otros, el entonces de oposición Partido Liberal, bajo el decidido liderazgo del senador Juan Fernando Cristo, también presentó el proyecto de ley de víctimas.
Este proyecto reñía con el fundamento ideológico del entonces partido de gobierno y su coalición (partido de la U, Partido Conservador y Cambio Radical). En él se reconocía la existencia de un conflicto armado interno que había dejado miles de víctimas, incluso por la acción u omisión del Estado y que era necesario repararlas.
Ya en el año 2009 y contra todos los pronósticos, el proyecto de ley avanzó en los debates correspondientes en comisiones y plenarias de ambas cámaras.
A la sazón, el Gobierno Nacional pretendía modificar el texto de la ley con la intervención del representante Jorge Humberto Mantilla Serrano, que era ponente en esa cámara.
Sin embargo, en junio de ese mismo año, cuando se había citado para la aprobación del informe de conciliación del texto definitivo de la ley, los partido de la coalición de gobierno votaron en contra, porque según información del entonces Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, esa ley representaría más de 70 billones de pesos del presupuesto nacional.
Una de las principales consecuencias de la caída de la ley de víctimas fue la pretendida restitución de tierras despojadas con ocasión del conflicto armado.
Un nuevo aire vio este proyecto, cuando ya en el primero periodo de Juan Manuel Santos, de manera inusual, el propio Presidente de la República, 27 de septiembre de 2010, es decir, casi que un mes y medio después de su posesión, presentó al Congreso el nuevo proyecto de ley de víctimas que es el que está hoy vigente.
Ese acto fue quizá el prólogo de aquello que luego fue calificado como una traición por el expresidente Uribe.
Si hay algo que ha cambiado sustancialmente esa nueva ley fue todo el procedimiento de restitución de tierras que, a pesar de las quejas que de lado y lado ha tenido, de alguna manera ha logrado una justicia restaurativa, con la creación de una jurisdicción especial para esa materia con facultades judiciales francamente sorprendentes.
Como corresponde a una norma jurídica de carácter transicional su vigencia estaba determinada por 10 años que se tendrán vencimiento el 10 de junio de 2021.
Esperemos que este acierto del presidente Duque contribuya a la consecución del objeto de esa ley.
