Pedirle al ladrón que restituya lo robado; al asesino que no mate, al secuestrador que deje de secuestrar; en fin y como se dice en estos casos, que el olmo dé peras, exige un poco más que fe y una desmesurada quizá… ¿ingenuidad?
Acometer actos de secuestro y mantener a unas personas en esas condiciones y más; hacerlas responsables de sus vidas e integridad física por supuesto debe únicamente atribuírsele a aquellos que ejecutaron esos actos que hoy, estamos lamentando y repugnando.
Pero también es cierto que dadas las circunstancias: el secuestro es una realidad que debemos afrontar y que en nuestra representación, el Estado debe hacer frente. El secuestro no es una entelequia o un estado no ideal contra lo que nos manifestamos. Ahí están miles de colombianos siendo victimas de ese espantoso delito.
Ahora bien; como exigiríamos ante la realización de un delito la reacción del Estado al que hemos confiado algunas herramientas como el derecho y las armas, debemos también exigir su decidida intervención para que cese el padecimiento de las víctimas del secuestro. Y esa decidida intervención no es encabezando marchas pidiendo la liberación inmediata e incondicional.
Lo que quiero decir es que no debe haber la menor duda de la responsabilidad que le asiste al secuestrador por su acto. Las FARC son responsables al decidirse por el secuestro como forma de lucha pero eso, no quiere decir que el Gobierno deje entonces en manos de ellos la consecución de la libertad de los secuestrados.
EL Gobierno tiene las armas pero también tiene el derecho y sobre todo, la facultad de realizar acuerdos incluso, con delincuentes (como ya se ha visto) para que confiados en el Estado que nos representa, podamos llegar un día a ver cesar el padecimiento de las víctimas del secuestro.
Mientras escribo esto, leo en la página web oficial de la Presidencia de la República un titular: “PRESIDENTE PIDIÓ A VIRGEN DE CHIQUINQUIRÁ POR LA LIBERTAD DE LOS SECUESTRADOS”
Yo la verdad, preferiría pedírsela al Presidente Uribe.
